La presunción de inocencia es uno de los pilares fundamentales del derecho penal. Este principio está avalado por tratados internacionales de derechos y reconocido por la constitución argentina.
Pero, ¿Qué dice este principio?
El principio de inocencia garantiza que toda persona acusada de un delito sea considerada inocente hasta que se demuestre su culpabilidad en un proceso justo.
Sin embargo, en algunos casos dentro del sistema judicial argentino, especialmente en delitos vinculados a la violencia de género, la percepción pública y la dinámica judicial tienden a invertir este principio, llevando a una presunción de culpabilidad y, en consecuencia, a la inversión de la carga de la prueba, (concepto que veremos más adelante.)
La Presunción de Inocencia: ¿Un Principio en Jaque?
El artículo 18 de la Constitución Nacional Argentina establece que ninguna persona puede ser condenada sin juicio previo basado en pruebas. Esto se refuerza por instrumentos internacionales, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que sostienen la presunción de inocencia como un derecho fundamental.
Sin embargo, hay situaciones en las que la presunción de inocencia parece entrar en tensión con la forma en que se gestionan ciertos delitos, especialmente aquellos relacionados con la violencia de género.
En los últimos años, se ha dado un aumento en las denuncias de violencia de género, lo que refleja una mayor conciencia y visibilización de este flagelo.
Junto con este avance, empezó a ganar lugar un debate sobre cómo el sistema judicial maneja las acusaciones, ya que en muchas ocasiones se asume que el acusado es culpable desde el inicio del proceso.
Esta percepción no sólo tiene repercusiones sociales, sino que puede influir en la forma en que se lleva a cabo la investigación y el juicio.
Inversión de la Carga de la Prueba en Casos de Violencia de Género
En los delitos de violencia de género, basándose en la necesidad de proteger a quienes sufren abusos, es común que se le otorgue mayor credibilidad a la declaración de la presunta víctima desde el comienzo del proceso.
Aunque este enfoque es comprensible en contextos de protección de derechos humanos, puede derivar en una inversión de la carga de la prueba, donde el acusado debe probar su inocencia en lugar de ser el Estado el encargado de probar su culpabilidad.
Un ejemplo común es el caso de las denuncias de violencia doméstica, donde la palabra de la víctima adquiere un valor probatorio relevante, y muchas veces el denunciado es inmediatamente apartado de su hogar y sujeto a medidas restrictivas sin que se haya demostrado su culpabilidad en un juicio formal.
En muchos de estos casos, el acusado se ve obligado a presentar pruebas y testigos que respalden su inocencia, en lugar de que sea el fiscal quien presente pruebas sólidas que lo incriminen.
Consecuencias y Desafíos
Este fenómeno plantea varios desafíos en el sistema judicial argentino. Por un lado, la necesidad de proteger a las víctimas de violencia de género es innegable, y el Estado tiene la obligación de garantizar su seguridad y el acceso a la justicia. Sin embargo, este enfoque debe equilibrarse con el derecho del acusado a ser tratado como inocente hasta que se pruebe lo contrario.
La inversión de la carga de la prueba no solo afecta a los acusados, sino que también pone en riesgo el principio de imparcialidad judicial.
La idea de que se deben implementar medidas preventivas en favor de la víctima puede, en algunos casos, derivar en decisiones judiciales apresuradas que no respetan completamente el debido proceso. Asimismo, existe el riesgo de que este tipo de casos fomenten denuncias infundadas o malintencionadas, aprovechando la sensibilidad del sistema hacia las víctimas de violencia de género.
En resumen
La presunción de inocencia es un derecho fundamental que no puede ser erosionado, incluso en los casos más complejos y delicados como los de violencia de género. Si bien es crucial proteger a las víctimas y facilitar el acceso a la justicia para ellas, el sistema judicial argentino debe esforzarse por encontrar un equilibrio justo entre la protección de los derechos de las víctimas y la garantía de un juicio justo para los acusados.
