¿Querés saber más sobre cómo las nuevas restricciones a las comunicaciones de los presos afectan el derecho de defensa? En este espacio que me fue brindado por El Economista, hablo sobre cómo las medidas implementadas por la ministra Patricia Bullrich, que buscan aislar a los líderes de organizaciones criminales, están poniendo en jaque uno de los derechos fundamentales de los imputados: la comunicación libre y privada con sus abogados.
Las restricciones actuales, que limitan drásticamente el tiempo y la privacidad de las conversaciones entre abogados y clientes, hacen casi imposible llevar adelante una defensa adecuada. En un contexto de total falta de privacidad, se vuelve muy difícil para un abogado poder trabajar en la estrategia de defensa de su cliente, sobre todo en casos complejos.
Este accionar, que limita las garantías del debido proceso, debe ser reconsiderado. Como profesionales del derecho, no somos una amenaza para el orden social; nuestra tarea es garantizar que se respeten los derechos de todos, incluidos los de los imputados. Un Estado que sobrepasa sus límites termina siendo un peligro mayor que cualquier organización criminal.
Te invito a leer la nota completa para conocer más sobre esta grave situación que pone en riesgo el acceso a una defensa justa.
¡Gracias El Economista por el espacio!